El IPAJM deniega el regreso de un profesor de la SEDU. Los documentos de la misma pericia discrepan.

Una pericia. Dos marcas sobre la permanencia.

Estos extractos proceden de los anexos de la ampliación del recurso del expediente 2026.39.400959PA. Muestro solo los campos necesarios. Ambos formularios son contrarios al regreso inmediato: la discrepancia no me autoriza a volver, pero exige una explicación.

Informe médico pericial · 10/08/2026

PERMANENTE: SÍ

Formulario de la junta médica · 10/08/2026

PERMANENTE: NOvalidez: 1 año

Oficio 014/2026/SPI/GPMS/DMS/IPAJM · 13/08/2026

Fuente: anexos de la ampliación del recurso, páginas 13, 15 y 14, respectivamente. Se reproducen solo los campos pertinentes. Los originales están en portugués.

El art. 12 de la Ordenanza IPAJM n.º 011-R/2025 exige que el informe indique la fecha de validez o la permanencia de la invalidez. El art. 14, III, exime de reevaluación a quien tenga un cuadro irreversible caracterizado en un informe de validez permanente. La diferencia entre las marcas puede influir en la validez del informe y el régimen de reevaluación. Por ello, el IPAJM debe aclarar la finalidad y los efectos de cada marca.

¿Tienen los campos la misma finalidad en ambos documentos? Si la tienen, ¿por qué discrepan y cuál prevalece? Si no, ¿cuál es la diferencia y qué registro sustenta la denegación y el «de forma permanente» del oficio? Esa es la explicación que exijo al IPAJM.

SEDU, 2023: incapacidad declarada y orden de reasumir

Hay que decir el contexto: la notificación formó parte de un procedimiento disciplinario de la SEDU, vinculado a la Ordenanza n.º 651-S. Pero el propio registro del órgano de control indica que, en julio, yo ya estaba apartado por el IPAJM desde febrero. Entonces, ¿por qué ordenar que reasumiera? Comuniqué esta secuencia al IPAJM el 15/08/2023 (2023-M08QFZ). Hasta el 31/10/2026, 1.173 días después, no encontré una respuesta específica.

Cómo he llegado hasta aquí

1. 1996

   Comencé mi trayectoria en el servicio público contratado por la propia SEDU. Después trabajé en educación y tecnología en otras instituciones.

2. 18/08/2016 · 201987014580

   Asumí el puesto titular de profesor de Matemáticas de SEDU. En 2019 solicité un cambio de nivel por mi título de máster, expediente 87014580. Esa controversia laboral es distinta de la reversión de la jubilación.

3. 23/02/2023 · 07/2023

   Una declaración pericial registró incapacidad total y definitiva. En julio, SEDU me ordenó volver al puesto, bajo apercibimiento de ausencias injustificadas. Después, el órgano de control dijo que la sanción relacionada con la Orden n.º 651-S no tuvo efectos prácticos porque ya estaba alejado por el IPAJM; no declaró específicamente ineficaz la orden de regreso.

4. 15/08/20232023-M08QFZ

   Comuniqué al IPAJM la orden de reincorporación. No encontré una respuesta específica en la documentación examinada.

5. 24/06/2024

   Se publicó el acto de jubilación, con efectos desde febrero de 2023. Cuestiono el intervalo entre efectos y publicación y sus consecuencias para la reevaluación.

6. 09/04/20262026.39.400959PA

   Solicité la reversión de la jubilación por incapacidad, con un informe médico privado de 31/03/2026 favorable al regreso. Este informe no vincula a la junta oficial.

7. 24/07/2026e-OUV 2026072357

   Reclamé ante la Defensoría administrativa estatal por la demora. Tras insistencias y la reapertura de la reclamación, se fijó la evaluación.

8. 28/07/2026

   Tras la reclamación y 110 días después de la solicitud, el IPAJM invocó la regla de dos años de la Ordenanza n.º 011-R/2025.

9. 10/08/2026014/2026/SPI/GPMS/DMS/IPAJM

   La evaluación se realizó 123 días después de la solicitud. Sus documentos contienen las marcas de validez mostradas arriba. El oficio de denegación es del 13 de agosto.

10. 03/09/20262026-VQ90WK / 2026-4NC5GF

    Presenté recurso administrativo contra la denegación.

11. 02/10/2026 · 09–13/102026-CKSW4B / 2026-VCSB8R

    Se facilitó mi historia clínica, 53 días después de la evaluación. Presenté una ampliación presencial el 09/10, registrada electrónicamente el 13/10.

12. 23/10/2026

    Un mensaje informal propuso otra evaluación. Pedí su formalización, sin rechazar ninguna orden regularmente emitida.

13. 31/10/2026

    No había recibido notificación de resolución definitiva del recurso. Es la fecha de cierre de este relato, no una actualización automática del expediente.

Nota de transparencia: mi solicitud de abril de 2026 se presentó antes del plazo ordinario de dos años desde la publicación del acto, previsto en el art. 3, II, de la Ordenanza IPAJM n.º 011-R/2025 y cumplido el 24/06/2026. La pericia se realizó después de ese plazo. Mi crítica se refiere al contenido de la evaluación y a la resolución del recurso; no depende de afirmar que toda la espera fue una demora ilegal.

Trece solicitudes y las cuestiones pendientes

Desde 2023 he presentado 13 solicitudes y escritos sobre mi situación funcional, pericial, documental y económica. El problema no es la cantidad de registros: es qué preguntas siguen sin respuesta objetiva. Clasifiqué cada una comparando la solicitud con la respuesta documentada hasta el 31/10/2026. «Sin respuesta localizada» significa que no encontré una comunicación dirigida a mí; no demuestra ausencia de actuaciones internas. El tiempo llega hasta la respuesta indicada o hasta el 31/10/2026.

3 sin respuesta localizada · 5 en las que la respuesta no abordó lo pedido · 2 vagas · 2 parciales · 1 aún en plazo razonable

Para responder «esperar o ampliar» bastaron unos 62 minutos. La comunicación de agosto de 2023 lleva 1.173 días sin respuesta específica localizada.

Acoso moral y apartamiento profesional: ¿qué permite cuestionar la literatura?

Esta comparación no afirma que haya habido acoso moral ni atribuye intención a nadie. Pero la pregunta es legítima: desde 2024, Espírito Santo prohíbe expresamente el acoso moral en el servicio público (Ley Complementaria n.º 46/1994, art. 221, XXVII, añadido por la Ley Complementaria n.º 1.080/2024). En Assédio Moral no Trabalho, el autor brasileño Robson Zanetti presenta las cuatro fases descritas por el psicólogo Heinz Leymann. Compárelas con los hechos registrados en esta página.

1. Fase 1
   En la literaturaConflictos laborales del día a día
   En mis registros

   2019: pedí un cambio de nivel por mi título de máster; cuatro ciclos de evaluación del período de prueba se formalizaron el mismo día, con notas revisadas después.

2. Fase 2
   En la literaturaInstalación del acoso (mobbing), con actos hostiles repetidos
   En mis registros

   Controversias funcionales sucesivas con la SEDU, una de ellas ante los tribunales. Saber si hubo actos hostiles repetidos depende de una investigación propia; aquí no hago esa afirmación.

3. Fase 3
   En la literaturaIntervención tardía del área de personal
   En mis registros

   Comuniqué al IPAJM la orden de reasumir el 15/08/2023. Después de 1.173 días no encontré una respuesta específica. Desde 2023 hay 13 solicitudes, y 3 siguen sin respuesta localizada.

4. Fase 4
   En la literaturaExclusión del mercado laboral. Entre los medios, la obra cita retirar el trabajo manteniendo el pago, la baja prolongada y la colocación en invalidez.
   En mis registros

   Estoy fuera del puesto desde 2023, con una prestación calculada inicialmente en el 60% del promedio contributivo. Pedí volver, el IPAJM lo denegó y no se ha comunicado resolución de mi recurso.

La obra incluye la colocación en invalidez entre los medios de la fase de exclusión y señala su elevado coste para la sociedad. También recoge, con Leymann, que ciertos tratamientos burocráticos tienden a reproducir las estructuras del acoso. Y cita, como precedente de derecho laboral, una resolución del Tribunal Regional del Trabajo de la 17.ª Región, en Espírito Santo, que trató el dar trabajo como obligación principal del empleador y «fuente de dignidad del empleado» (traducción propia). Fue un caso laboral, distinto del mío. La Constitución brasileña incluye el trabajo entre los derechos sociales (art. 6), lo que no garantiza una reversión automática, pero muestra lo que está en juego.

Lo que no afirmo: no digo que haya habido acoso moral ni atribuyo intención a nadie. La propia obra distingue conflicto laboral y acoso y exige, entre otros requisitos, actos abusivos repetidos, intención y prueba. Esa calificación corresponde a las autoridades competentes. Lo que está en los documentos es la secuencia y el efecto: un profesor titular pide volver a su puesto y sigue fuera del aula.

Fuente: Robson Zanetti, Assédio Moral no Trabalho (libro electrónico, en portugués), cap. 8, pp. 99-102, a partir de Heinz Leymann; también pp. 27-41, 63-64 y 87.

El coste de seguir esperando

No reclamo un puesto que nunca ocupé. Reclamo volver al puesto público que gané por concurso y del que estoy apartado desde 2023.

La prestación inicial equivale a cerca del 60% del promedio contributivo, no necesariamente al 60% del último salario. También cuestiono reclamaciones posteriores de devolución y el cálculo de los descuentos. La ley permite descontar pagos en exceso, y el Superior Tribunal de Justicia de Brasil protege la buena fe objetiva del servidor (Tema 1009): por eso exijo el detalle, mes a mes.

Hay también un coste público: el Estado sigue pagando una prestación a un profesor de Matemáticas de carrera que solicita volver al aula. En los documentos que me han comunicado, no he identificado una justificación individualizada de las funciones del puesto que estaría impedido de desempeñar.

Desde aquí, la sensación es la de estar retenido: sin puesto y con menos ingresos. Así lo vivo, y no es una afirmación sobre la intención de nadie. Tampoco afirmo que la jubilación impida toda actividad profesional. El impedimento aquí tratado es regresar a este puesto.

Una trayectoria que puede verificarse

Tengo formación universitaria en docencia de Matemáticas y Ciencias de la Computación y un máster en Informática por UFES. He trabajado en SEDU, en tecnologías educativas en la red municipal de Vila Velha y en desarrollo informático en el Ayuntamiento de Vitória.

Seguí estudiando tras jubilarme: completé dos especializaciones de posgrado en 2025 y 2026, desarrollé TEPe, un programa de gestión educativa registrado en el INPI brasileño, y obtuve clasificación en un proceso público de selección para enseñar Matemáticas. Los títulos y la producción no sustituyen la evaluación médica; ofrecen un contexto verificable del servidor que exige una resolución motivada.

Ante quién planteé las preguntas

• IPAJM, instituto de previsión de los empleados estatales, y SEDU, departamento estatal de educación: jubilación, regreso, documentos, pensión y cuestiones laborales.
• Defensoría administrativa estatal y SECONT/COGES: demora, acceso a registros y procedimientos administrativos.
• MPES, Ministerio Público estatal: escritos identificados en el archivo. Los asuntos con objetos diferentes siguen separados.
• CRM-ES, consejo médico regional: denuncias sobre acceso a la historia clínica y actuaciones periciales. Por el carácter confidencial de los procedimientos no publico sus números ni documentos.
• Órganos de derechos humanos, Asamblea Legislativa y tribunales: actuaciones dentro de sus competencias y procedimientos propios.

Un registro, una denuncia o una investigación no equivalen a reconocimiento de irregularidad ni condena. Los identificadores públicos están en el dosier detallado en portugués.

Lo que el IPAJM y la SEDU deben aclarar

1. Discrepancia: ¿por qué el informe y el formulario de evaluación del 10/08/2026 tienen marcas diferentes? ¿Cuál es la función de cada campo, cuál prevalece y con qué fundamento?
2. Capacidad: ¿qué limitaciones actuales, individualizadas, impiden qué funciones del puesto de profesor? El texto de la Ley Complementaria n.º 282/2004 publicado por el IPAJM (art. 28) habla de incapacidad para «todas las actividades» del puesto. ¿En qué registros se demuestra?
3. Informe favorable: ¿cómo se analizó el informe médico privado del 31/03/2026 y qué fundamentos técnicos justifican concluir de otro modo?
4. Adaptación: ¿se examinó la reversión con adaptación de funciones (Constitución, art. 40, § 1, I; Decreto n.º 6.266-R/2025, arts. 28 a 32)? ¿Dónde está la conclusión?
5. SEDU: ¿cómo se concilia la declaración de incapacidad total y definitiva de febrero de 2023 con la notificación de julio para reasumir, so pena de faltas?
6. Recurso e importes: ¿en qué situación están el recurso y su ampliación, cuándo se resolverán y dónde están las respuestas a las 12 preguntas y el detalle de los descuentos?

Las respuestas oficiales recibidas se publicarán aquí, con fecha y fuente.

Documentación, actualización y derecho de respuesta

Esta es una denuncia pública del interesado, no un reportaje independiente. Los extractos permiten comprobar una discrepancia documental; las críticas y clasificaciones son mías. La valoración de capacidad laboral y la resolución del recurso corresponden a las autoridades competentes.

El archivo completo no se publica: incluye datos de salud, información personal y piezas de procedimientos con acceso restringido. Esta página muestra extractos y referencias seleccionados para entender las preguntas; no permite comprobarlo todo íntegramente. Que un documento no esté aquí no significa que no exista, igual que mostrar un documento no prueba por sí solo una irregularidad. El IPAJM, la SEDU y los demás órganos citados pueden aportar explicaciones, documentos o correcciones, que se identificarán por fecha y fuente.

Las aclaraciones, correcciones y respuestas institucionales pueden enviarse a través de la página de contacto del sitio o a admin@tecnologiaeducacao.com.br. No envíe historias clínicas ni datos sensibles.

Legislación y decisiones citadas

Sumario para comprobación, con enlaces a los textos oficiales cuando existen. Son fuentes brasileñas, en portugués. La lectura aplicada al caso es mía; la decisión corresponde a las autoridades competentes.

Regreso al puesto, adaptación y trabajo

• Constituição, art. 40, § 1º, I: jubilación por incapacidad permanente solo si el servidor no puede ser readaptado, con evaluaciones periódicas obligatorias.
• Constituição, art. 37, § 13: readaptación del funcionario a funciones compatibles, manteniendo la remuneración.
• Constituição, arts. 1º, III e IV, e 6º: dignidad, valor social del trabajo y trabajo como derecho social.
• LC estadual nº 46/1994, arts. 51 e 51-A: regreso cuando desaparecen los motivos de la jubilación; readaptación.
• LC estadual nº 282/2004, art. 28: según la redacción dada por la LC n.º 938/2020, exige incapacidad total y definitiva para las funciones del puesto e imposibilidad de readaptación. El PDF enlazado debe leerse teniendo en cuenta las modificaciones posteriores. La Norma de Procedimiento IPAJM n.º 05.03/2025, apartados 4.1 y 4.3, también vincula la concesión a la ausencia de capacidad laboral residual para readaptación; está vigente desde el 1 de septiembre de 2025.
• Decreto estadual nº 6.266-R/2025, arts. 28 a 32: reevaluación cada dos años, capacidad residual y reversión con readaptación.
• Portaria IPAJM nº 011-R/2025, arts. 2º, 3º, 12, 13 e 14: convocatoria, solicitud tras dos años, indicación de validez o permanencia en el informe, recurso y dispensa de reevaluación.
• Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, art. 6º (Decreto nº 591/1992): derecho al trabajo.

Decisión, motivación, plazos e información

• Constituição, arts. 5º, LV e LXXVIII, e 37: contradicción, defensa, plazo razonable y principios de la administración.
• LC estadual nº 46/1994, art. 151, parágrafo único: referencia de 30 días para resolver solicitudes y reconsideración; no es regla literal del recurso pericial.
• Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 50: ley federal, usada aquí como referencia: deber de resolver y de motivar los actos que niegan derechos.
• Lei nº 13.460/2017, arts. 1º, § 1º, e 16: derechos de los usuarios de servicios públicos, también en los estados; decisión de la defensoría en 30 días, prorrogables una vez.
• Lei nº 12.527/2011, arts. 11 e 31: plazo de acceso a la información y protección de información personal.
• Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 5º, II, e 11: los datos de salud son sensibles; por eso no se publica el archivo.

Pagos y descuentos

• LC estadual nº 282/2004, art. 16, II: permite descontar pagos que excedan lo debido.
• STJ, Tema Repetitivo 1009: el pago indebido por error administrativo debe devolverse, salvo buena fe objetiva probada por el servidor.

Acoso moral

• LC estadual nº 46/1994, art. 221, XXVII, incluído pela LC nº 1.080/2024: prohíbe el acoso moral en el servicio público estatal, con sanciones que pueden llegar a la destitución. Norma de 2024.
• Robson Zanetti, Assédio Moral no Trabalho, p. 27-41 e 99-102: definición, requisitos, fases y límites del concepto.
• TRT da 17ª Região, RO 1315.2000.00.17.00.1: citado en la obra de Zanetti (pp. 63-64); caso laboral, distinto de este.

Crítica pública y sus límites

• Constituição, art. 5º, IV, IX, XIV, XXXIII e XXXIV: libertad de expresión, información, petición y certificaciones.
• Constituição, art. 5º, V e X; Lei nº 13.188/2015: derecho de réplica y protección del honor y la imagen.
• LC estadual nº 46/1994, art. 221, III: prohíbe menospreciar a autoridades o actos públicos, admitiendo la crítica en trabajo firmado.
• STJ, REsp 1.325.938/SE, Informativo 749: la crítica a actos públicos no es, en principio, abuso de la libertad de prensa, preservado el núcleo de la intimidad.